Este verano he paseado bastante con la bicicleta entre viñedos. En la primera salida me sorprendió un olor conocido pero que inicialmente no pude identificar. Después caí en la cuenta: azufre. Se utiliza desde antiguo para proteger las vides contra enfermedades y plagas y su toxicidad para el ser humano es baja. El olor era, no obstante, persistente y lo comenté después con algunos conocidos. El asunto nos llevó a debatir sobre el uso de los productos fitosanitarios, los modernos sistemas de fumigación y las consecuencias de todo ello para la salud pública.
No imaginaba que pocas semanas después tendría la oportunidad de moderar una muy ilustrativa jornada sobre la cuestión. Organizada por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, se tituló Retos y oportunidades de la nueva regulación fitosanitaria. Más de una docena de especialistas contribuyeron con sus ponencias a arrojar luz para un debate final muy animado en el que estuvieron presentes alrededor de un centenar de profesionales relacionados con la producción, la distribución y la aplicación de preparados fitosanitarios.
En mi trabajo previo de documentación ya atisbé por dónde iban los tiros: el Real Decreto que protagonizaba la jornada tiene como objetivo reducir todo lo posible los riesgos derivados de la utilización de este tipo de recursos de lucha vegetal contra los enemigos de los cultivos, pues todos, en mayor o menor medida, somos susceptibles de ser perjudicados.
La nueva normativa (derivada de directrices europeas) se está implantando paulatinamente y persigue alcanzar un uso sostenible de los fitosanitarios, una gestión integrada de los tratamientos y la implantación, cuando sea posible, de técnicas alternativas de origen no químico, como puede ser la confusión sexual.
Ello implica exigencias que previamente no existían, aunque la lucha integrada ya se consolida en nuestro país en los años ochenta y noventa y no ha dejado de ampliar sus horizontes. Exigencias que se convierten en retos y a la vez en oportunidades, como muy bien señalaron los organizadores de la jornada.
Fue mucho y muy acreditado lo que se escuchó a lo largo de la misma y yo me quedé con unas pocas ideas clave:
- El beneficio de la nueva normativa es claro para el consumidor, que sufrirá menos los efectos de las aplicaciones fitosanitarias, y para el medio ambiente, que se verá menos contaminado. Los agricultores y cuantas personas están involucradas en el proceso de fabricación-aplicación también mejorarán en cuanto a la protección de su propia salud, pero serán los que tendrán que soportar asimismo las consecuencias técnicas y quizá económicas del incremento de la seguridad.
- Hay, por lo tanto, un coste, y está por ver quién lo paga. Algunos agricultores piensan que van a ser ellos los verdaderos perjudicados, pero estudios existen según los cuales la optimización de los tratamientos va a redundar en una mayor rentabilidad de la explotación. En el aire queda la pregunta de si los consumidores, principales beneficiarios de este nuevo contexto, estarían dispuestos a asumir por la vía de los precios una parte del esfuerzo.
- El cambio requiere un gran empeño formativo e informativo (que ya se está realizando) y ello puede favorecer el surgimiento de nuevos nichos de negocio, precisamente vinculados a la asesoría, la formación y la prestación de algunos servicios (habrá una especie de ITV para las herramientas de aplicación).
- El esfuerzo de coordinación también habrá de ser importante, y queda pendiente la redefinición del papel que tanto la Administración como los distintos agentes implicados han de cumplir en el nuevo escenario.
- Si algo suscita el consenso generalizado es que las atrias (Atria: Agrupación para Tratamientos Integrados en Agricultura) deben seguir desempeñando su tradicional y fundamental papel, quizá como piedra angular de todo el entramado. Sería un grave error (añado por mi cuenta) desmontar una estructura como la que han llegado a conformar a lo largo de casi tres décadas y sobre la que se ha vertebrado lo que hoy la sociedad quiere hacer crecer por el bien de todos.
Esta jornada sobre la regulación fitosanitaria es la primera del ciclo que la Alianza Agroalimentaria Aragonesa organiza todos los otoños y cuyo programa para 2014 se puede consultar aquí.
